viernes, 17 de enero de 2014

Seguridad santafesina



Santa Fe es una provincia argentina ubicada en la pampa húmeda, el corazón cerealero y lechero del país, con clima suave que va desde templado a subtropical, excelente suelo y buenas lluvias. Es una provincia de extremos, existen aquí las mayores riquezas y pobrezas, con la desocupación más alta del país. Esto es lógico cuando se trata de riqueza agraria, no industrial. No obstante el IDH (índice de desarrollo humano) es muy alto, fruto de la preocupación por la educación (la población históricamente ha sido bien escolarizada y existen muchas Universidades en su territorio) y persistentes acciones de promoción social emprendidas por el estado.  

Tiene poco más de tres millones de habitantes en 133.000 km cuadrados de superficie (con más o menos la misma superficie, Corea del Sur alberga a 48 millones de personas y Cuba, un 30% más pequeña en superficie, es habitada por 11 millones). Tiene dos ciudades muy importantes: Santa Fe (capital estadual), de 500.000 habitantes y Rosario (importante centro comercial y portuario), con 1.000.000 de habitantes.

Con estos datos llama la atención el alto índice de homicidios que ha venido mostrando la ciudad de Santa Fe al menos desde 2006, con un máximo en 2007 de 25 homicidios por 100.000 habitantes/año. El 90% de esos homicidios fueron conflictos intrafamiliares o vecinales, mínimamente producto de ocasiones de robo o proxenetismo o tráfico de drogas. En años posteriores, el indicador disminuyó hasta un valor de 16, pero volvió a subir, hasta casi llegar al record de 25 en el año 2013.

La ciudad de Rosario tenía un índice de homicidios de 12 en 2007 , pero sufrió un explosivo incremento en 2012-2013, llegando a superar el valor de 20. Aquí, la violencia pasa a explicarse como "cuentas" derivadas del tráfico de drogas. Paralelamente, a principios de 2012 fue detenido el entonces Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe con pruebas e indicios de connivencia y/o protección a narcotraficantes, caso que se encuentra en proceso de judicialización.

El índice de homicidios del país estriba en 5/100.000/año y no se entiende cómo estas ciudades de alto IDH, PBG y nivel de escolarización se han desmarcado tanto.

Mi explicación para este nivel de violencia (publicada en varios artículos), es que la misma se origina en el concepto de autogobierno policial, práctica que llevaron adelante todas las gobernaciones desde 1983. En esta praxis, la policía es conducida por elementos surgidos de la propia fuerza, sin intromisiones de los decisores políticos democráticamente electos. A su vez, se les permite el manejo de "cajas" ilegales tales como las de la protección del proxenetismo, el juego clandestino y la droga. Últimamente se ha sumado una nueva industria: el tutelaje de ladrones domiciliarios y de otros tipos.

A todo esto se le suma la sensación de impunidad que han adquiridos los agentes policiales, que arranca con las prácticas aberrantes de la dictadura y su falta de castigo oportuno.

Volviendo a los años recientes, la protección de narcotraficantes por parte de altos estamentos policiales, e incluso de custodia de expendios de droga por parte de uniformados de menor graduación ha implicado un exorbitante incremento del negocio de la droga y del tamaño y finanzas de los grupos ilegales que la manejan. Consecuentemente, y en particular en la ciudad de Rosario, aumentaron drásticamente desde hace pocos años, los asesinatos ,presumiblemente realizados por sicarios, de personajes de altos ingresos de origen dudoso.

Un caso particular fue el de un empresario de apellido Medina, asesinado junto a una joven apenas ingresaron a la ciudad de Rosario. El mencionado, sospechado de lavado y radicado desde hacía un tiempo en otra provincia se dirigía a realizar un trámite notarial cuando fue encerrado por otro vehículo y asesinado fríamente junto con su acompañante. Del hotel donde se alojaba el asesinado, la policía recupera una computadora de propiedad de la víctima y, cuando funcionarios judiciales concurren para recibirla encuentran, insólitamente, a dos altos funcionarios del gobierno provincial (Javier Echaniz, Secretario de Tecnologías para la Gestión, Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y Martín Degratti, Subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones, dependiente del anterior). Ambos funcionarios dependen del Ministro de Gobierno y RE, Rubén Galassi y, particularmente Echaniz, se sabe que está fuertemente vinculado al ex gobernador y líder del partido de gobierno, Hermes Binner (a su vez el impulsor de la carrera del ex jefe policial detenido y su tal vez único defensor), a través de uno de sus hijos. Estos funcionarios manifiestan haber respondido a un pedido de colaboración para analizar el contenido de la computadora, pedido que desde la justicia se niega. Lo extraño es que, de haber existido tal pedido de colaboración, hayan sido precisamente tan altos funcionarios políticos (nivel 2 y nivel 3 ministerial, respectivamente), quienes se hubieran comisionado personalmente para tomar contacto con el contenido, en lugar de personal de mejor cualificación técnica (pero tal vez no de tanta confianza para los gobernantes actuales y anteriores) ... 

La jueza actuante (Rodenas), una vez recuperada la computadora la mandó a peritar por parte de una fuerza de seguridad nacional, para garantizar imparcialidad.

Otro hecho curioso relacionado con este caso fue el allanamiento ilegal (sin orden judicial) que intentaron agentes de la policía judicial santafesina en el country de otra provincia en donde había fijado su domicilio el asesinado Medina. Se desconoce hasta el momento qué autoridad ordenó el fallido procedimiento.

Es particularmente llamativo el silencio o minimización de la prensa santafesina respecto de estos (y otros) sucesos, cuando son en desmedro de los funcionarios actuales. ¿Qué costo tiene esto?

Otro hecho preocupante lo constituye el motín efectuado por la policía santafesina los primeros días de diciembre, en donde muchos efectivos abandonaron su servicios, dejando desprotegida a la población con el consiguiente resultado de saqueos a comercios e incluso, la pérdida de una joven vida. Pude constatar con mis propios ojos el nivel evidente de coacción en intimidación demostrado por los manifestantes que concurrieron, varios de ellos armados y de uniforme, a las puertas de la casa de gobierno santafesina. El gobierno provincial, respondió a esto con inusitada suavidad, casi complacencia, posibilitando un aumento de sueldos de un 60% como premio a la insolencia y a la traicion de los efectivos.

Previo a éste hecho, fue baleada la casa del gobernador de la provincia con un arma nueve milímetros que luego se encontró en poder de un uniformado provincial.

Generalizando, este gobierno provincial no da muestras de tener la actitud, la capacidad o siquiera la intención de controlar a la policía. Resulta particularmente débil la imagen del Ministro de Seguridad, como agravante de esto, quien aparece a lo sumo como un comentarista de los acontecimientos, de ninguna manera como un decisor o controlador.

En este marco resulta casi una burla el premio otorgado por el BID a la provincia en materia de seguridad por el programa Vínculos, de prevención social de la violencia a una provincia con una policía insolente y desmadrada, frecuentemente denunciada por vejámenes y connivencia con el delito y con una resultante de violencia inaudita para el país, con índices de homicidio que cuadruplican o quintuplican las medias nacionales.



Fuentes: Rosario 12, declaraciones de la jueza Rodenas


Esteban Cámara
Santa Fe, 17 de enero de 2013

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